Comitè interprovincial de la Mancomunitat
Balcó del Serraller
Jurament dels consellers de l'IEI (1942)
Visita del president Tarradellas
Constitució de la Diputació (1977)
A comienzos del siglo XX las diputaciones catalanas tomaron la decisión de mancomunarse con la finalidad de establecer una coordinación de servicios. Después de un periodo preparatorio iniciado en el año 1911 la constitución de la Mancomunidad de las Diputaciones Catalanas se hizo realidad en 1914. Esta unión supuso un profundo efecto descentralizador sobre el sistema constitucional de la monarquía alfonsina, y llevaba implícita una gran carga social y simbólica de la voluntad de una regionalización catalana.
Esta voluntad regionalizadora junto a la desconfianza de los militares a la actitud filocatalanista de las nuevas fuerzas políticas propiciaron que el 9 de enero del año 1924 el general Primo de Rivera comunicara a la derecha monárquica catalana y a la Lliga Regionalista que "pensaba acabar cono el exclusivismo malsano" de que disfrutaba Cataluña.
El 20 de enero conocidos miembros de la derecha monárquica anticatalanista fueron designados diputados provinciales con el encargo de "hispanizar la Mancomunidad". La Mancomunidad, ya en plena paralización de sus principales instituciones, cesó de existir legalmente el día 12 de marzo de 1925. La nota que el general dio a la prensa para justificar la desaparición decía: "reconstruir desde el poder la región, reforzar su personalidad, exaltar el orgullo diferenciativo entre unas y otras, es contribuir a deshacer la gran obra de unidad nacional, es iniciar la disgregación para la que siempre hay estímulo en la soberbia o en el egoísmo de los hombres".
La proclamación de la II República en abril de 1931 tuvo como consecuencia la desaparición de las diputaciones en Cataluña entre 1932 y 1938. La de Lleida quedó integrada en la Comisaría de la Generalitat, a la cual se traspasaron tanto las funciones como los presupuestos. A pesar de todo la vida de esta nueva institución sería breve porque el año 1938, con la entrada de las tropas franquistas en Lleida, la Comisaría de la Generalitat de Lleida fue abolida y reinstaurada la Diputación.
La primera Comisión Gestora se constituyó el 11 de junio de 1938. Nuevamente se instauró el carácter centralizador de las diputaciones y sus órganos gestores se ajustaron a la conocida democracia orgánica. La provincia, sin embargo, no dejó de ser un ente local.
En la década de 1940, durante la dictadura del General Franco, se fijaron las bases de los diferentes intereses que a partir de entonces definirían la política de la Diputación de Lleida. En plena autarquía económica los esfuerzos iban dirigidos fundamentalmente hacia las funciones de beneficencia y asistencia social así como a la de reconstrucción de la red viaria que, por extensa y compleja en el aspecto orográfico, resultaba especialmente dificultosa.
El franquismo tuvo un interés especial en reprimir cualquier expresión de la política y la cultura catalanas, y por ello sus planteamientos se encaminaron a imponer una "normalidad cultural" que favoreció la existencia de fenómenos como el "leridanismo".
La nueva cultura oficial quedó patente institucionalmente en el año 1942 con la creación del "Instituto de Estudios Ilerdenses", en un intento de suplantar la cultura catalana en Lleida y, sobre todo, al Instituto de Estudios Catalanes fundado por Prat de la Riba el año 1907.
La Comisión Gestora que dirigía la Diputación de Lleida instaurada después de la Guerra Civil duró poco más de diez años. El 22 de abril de 1949 el Consejo de Ministros aprobaba la constitución y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales de Régimen Común. La actuación de la entidad en esos diez años puede resumirse fundamentalmente en la acitividad reparadora de las infraestructuras que la guerra había asolado: Reconstrucciones de edificios, actuaciones en las vías provinciales así como en otras obras públicas, etc.
En este sentido tuvo una importancia destacable la aparición, entre febrero y marzo de 1958, de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, que se encargaba primordialmente de la elaboración y ejecución de los planes y funciones urbanísticas en el marco provincial.
Con respecto a la agricultura, sector económico básico de la provincia, la Diputación no dejó de invertir en su Granja Experimental así como en la finca de Bonrepòs, en la que, sobre todo, se llevaban a cabo trabajos de investigación agraria.
En los años 70, todavía en plena dictadura, la Diputación de Lleida estaba presidida por Juan Casimiro de Sangenís, con una tónica similar a la hasta ahora detallada. Al final de la década, y como resultado del agotamiento del régimen franquista, la situación política y social se fue normalizando.
Josep Tarradelles, presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio, volvía al Principado y presidía de nuevo la Generalitat y también la Diputación de Barcelona.
En un primer momento, se pretendía que las diputaciones se convirtieran en delegaciones territoriales de la Generalitat como en 1931, pero la idea no prosperó y las diputaciones continuaron ejerciendo las prerrogativas que las habían caracterizado.
El 9 de diciembre de 1980, CiU y el PSC aprobaron conjuntamente la Ley de transferencia urgente y plena de las diputaciones a la Generalitat, destinada a hacer desaparecer las diputaciones en Cataluña. La intención era vaciar a las diputaciones de contenido. Había diversas opciones, y se inició una larga disputa sobre la forma de llevar a cabo el proceso. CiU quería traspasar las competencias a la Generalitat, mientras que el PSC defendía que las transferencias se efectuaran hacia los ayuntamientos. Finalmente la Ley no llegó a entrar en vigor al ser declarada inconstitucional. A pesar de este debate y de forma paralela las diputaciones democráticas de derecho empezaron a funcionar en 1979.
En Lleida, la nueva Corporación tomó posesión en el Pleno celebrado el 26 de abril de aquel año presidida por Jaume Culleré i Calvís. Desde entonces, la Diputación de Lleida ha tenido seis presidentes más: en 1983 Ramon Vilalta (PSC), en 1987 Ramon Companys (CiU), en 1990 Josep Grau (CiU), en 1999 Josep Pont (CiU), en 2003 Isidre Gavín (CiU) y en 2007 Jaume Gilabert (ERC).
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